A 30 años de la reforma de la Constitución de la República en 1994, el abogado constitucionalista Eduardo Barcesat, recordó su participación en la modificación de la Carta magna. Barcesat apuntó contra el gobierno de Milei: “Podría hacer una larga retahíla de todas las violaciones que este gobierno actual está incurriendo respecto de esos delitos que están impresos en las normas de mayor jerarquía del Derecho internacional, de los Derechos Humanos”. Y citó por ejemplo, estas maniobras que impulsan algún proyecto seguramente, para que se les aligere la situación a los responsables de crímenes de lesa humanidad condenados por obrar de manera atroz y aberrante.
El recuerdo de aquel momento (1994) traído hasta hoy, ¿Qué le viene a la cabeza al cumplirse 30 años?
Hay muchas normas que ameritan que uno tenga un recuerdo de aquella jornadas y aplicables al día de hoy, escojo una; la incorporación con jerarquía de cláusula constitucional del deber de obediencia a la supremacía la Constitución nacional, norma que condena los golpes de Estado clásicos, militares, ya conocidos en nuestra aciaga historia institucional, pero que también debe ser aplicada, y lo digo por el momento que estamos transitando, cuando algún gobierno con legitimidad de origen, transgrede los límites de sus incumbencias constitucionales para apropiar lo de los otros poderes del Gobierno Federal, con lo que la Constitución deja ya de regir en las mismas medidas, y esto es lo que estamos viendo que una prepotencia institucional del Poder Ejecutivo consentida en buena medida por los propios legisladores, lleva a cabo el vaciamiento de las facultades del Congreso de la nación para ser vaciadas o usurpadas por el Poder ejecutivo nacional.
Y voy a mencionar las más importantes: la Convención constituyente ratificó el texto histórico de 1853 que atribuía al Congreso las facultades de contraer empréstitos sobre el crédito de la nación, y de proceder al arreglo de la deuda pública interna y externa, cláusula que se complementa con el Art 76 de la Constitución, estableciendo que caducaron las facultades delegadas y por lo tanto el Congreso asumió sus incumbencias constitucionales. Bueno a pesar de estas cláusulas tan categóricas, de lo que complementa esto en la parte que refiere a las facultades del Poder Ejecutivo cuyo Art . 99 incs. 3ro , segundo párrafo dice- también es una incorporación de la Reforma del 94.- “que en ningún caso el Poder Ejecutivo podrá asumir funciones legislativas bajo pena de nulidad absoluta…”
Estamos viendo que a pesar del claro texto constitucional todo esto ha sido trasvasado a favor del Poder Ejecutivo no solo en el tramo que está transcurriendo ahora de la presidencia de Milei, sino que también ocurrió bajo la presidencia de Mauricio Macri que endeudó al país avasallando esta división de poderes y reválida de las atribuciones del Congreso en materia de contraer empréstitos (deuda externa).
Uno piensa entonces qué pasa con este país; la Constitución está para adornar la vitrina de la República, o si es efectivamente, como debía ser, la Ley suprema junto con los tratados internacionales de Derechos humanos, que tienen jerarquía de cláusulas constitucionales . Podría hacer una larga retahíla de todas las violaciones que este gobierno actual está incurriendo respecto de esos delitos que están impresos en las normas de mayor jerarquía del Derecho internacional, de los Derechos Humanos.
Y cito por ejemplo, estas maniobras que impulsan algún proyecto seguramente para que se les aligere -dicho de manera más suave- la situación a los responsables de crímenes de lesa humanidad condenados por obrar atroz y aberrante.
Esto ha provocado, a mi modo de ver, una situación en que estamos atravesando, de anomia, no se sabe qué normas rigen, se alteró la estructura jerárquica del orden jurídico argentino y se fulminó la calidad de vida de los argentinos introduciendo lo que hemos calificado de genocidio económico, a través de los incrementos de precios tarifarios, mercaderías, servicios, prepagas, transporte, todo aquello que hace a la vida cotidiana, ha caído en una situación de espanto sobre todo para aquellos de menores ingresos , o directamente desplazados del sistema productivo de la nación argentina.
De manera que mi balance es que la Constitución es bastante buena, no digo sea perfecta, después de la reforma del ‘94, pero es un gran avance ajornó el texto de 1853-60 y ameritaría que realmente el pueblo argentino la viva como especialmente obligatoria y que sus autoridades den el ejemplo, porque evidentemente el Congreso de la nación tolera estas invasiones y apropiaciones del Poder Ejecutivo y el Poder Judicial mira para otro lado.
¿Y el sistema judicial?
No, los jueces son los primeros violadores, no tengo ninguna duda, cómo va a poder la Corte Suprema cuando le llega un caso inexcusable de competencia, como fue el reclamo de la provincia de la Rioja por la sustracción de fondos de la coparticipación federal, decirle que “no tiene un interés legítimo para promover el pedido de declaración de nulidad del decreto 70/23, después dijo “estamos esperando que se pronuncien los poderes políticos, pero quienes más tienen la obligación de custodiar ese deber de obediencia a la supremacía constitucional, es precisamente el Poder judicial, porque ya desde la primera ley de organización del poder judicial, la ley 27 , art 3ro establece que su deber era asegurar la observancia, la supremacía de la constitución, aún por sobre los argos de los otros poderes que estuvieran en contradicción con ella.
Esto parece que rige en cualquier otro país, menos en Argentina ,pero estoy citando la normativa argentina.
La reforma constitucional del ‘94, ¿en qué porcentaje se pudo llevar a la práctica?
Depende de los gobiernos, pero particularmente, lo digo, no por inclinación política sino por convicción jurídica, donde se reventó la supremacía constitucional fueron gobiernos de Macri, de Milei y por algo se hacen alabanzas recíprocas, porque son dos topadoras institucionales que además lo hacen, no para mejorar nada, sino para favorecer que nuestras riquezas y recursos naturales, primero hayan sido puestos en garantía de repago de la deuda externa contraída por el gobierno de Macri y ahora para entregarla a los capitales financieros que pueden venir de cualquier origen, el narcotráfico, ya lo señaló el GAFI, que en Argentina se iba a convertir en un país guarida fiscal de lavadero de dinero proveniente de los ilícitos, etc. todo eso quedaría jerarquizado en nuestra institucionalidad en estos dos periodos de gobierno cada uno transcurrido y el otro que está transcurriendo, se ha pisoteado para favorecer esos intereses. a los que además sirven porque no tienen pudor de reconocer que hacen todo eso para aquellos que son sus verdaderos mandantes, el voto popular lo engrupieron, pero ellos obedecen estrictamente las directivas del poder financiero internacional, y así estamos la gran mayoría del pueblo argentino.
Fue profesor de Derecho Constitucional en la Universidad de las Madres, también director de la Carrera de Abogacía de esa universidad, ¿Cuál es su opinión de la intervención del Gobierno?
Considero por supuesto que es un acto más del atropello a los derechos humanos particularizado viendo que es más repugnante que es afectar a las víctimas del Estado terrorista que han sido las entidades de familiares , de la desaparición forzada, masiva, las muertes, los ajusticiamientos, que cometió el Estado terrorista y genocida. Esta Universidad que se creó como un altar a los Derechos Humanos, sea intervenida que prosiguiendo a otro que dijo que los Derechos humanos eran un “curro”, ahora pretende privar a la Universidad de Madres de Plaza de Mayo, por supuesto es una infamia, espero que si no de la justicia en el poder judicial de la nación argentina, las organizaciones internacionales que tutelan los pactos regionales e internacional, condenen esta intervención infame que está llevando adelante el gobierno.