Esa es la percepción que tiene el Abogado de trabajadores despedidos, Manuel Luaces, quien presentó una cautelar contra esta medida que está aplicando el gobierno.
“Los trabajadores del Estado Nacional que fueron despedidos injustamente tienen derecho a solicitar su reincorporación, como de reclamar una indemnización, y estamos gestionando la presentación de demandas para ello», afirmó Luaces.
El abogado también explicó la utilización distorsiva de la figura de parte del empleador del Estado Nacional, “ello hace que el Estado caiga en una lógica de precarización, y que el trabajador tenga derecho, primero a pedir su reinstalación, pero subsidiariamente también se pide una indemnización. “Todos los trabajadores tienen derecho a reclamar, pero hay que ver según el caso concreto, circunstancia de hecho y prueba que hacen que el caso tenga características especiales-aclaró-
Al preguntarle cuánto puede llegar a demorar la reinstalación tomando en consideración los tiempos de la justicia, el letrado sintetizó:
“Según las circunstancias particulares, hay que evaluar si el caso concreto da circunstancia para solicitar una medida cautelar o no, porque no en todos los casos da para meter un amparo como medida cautelar; en caso de que se pida la reinstalación por la vía ordinaria es algo que tarda, pero se piden los salarios caídos. Si sale favorable, el Estado va a tener que reconocer los salarios caídos mientras se hace el requerimiento y hasta que salga la resolución favorable.
Luaces se refirió además a una novedad que figura en el Boletín Oficial de anteayer sobre las contrataciones “generalmente, por regla en el Estado tienen el plazo de un año. Ahora son tres meses. Por lo tanto cada tres meses, miles y miles de trabajadores del Estado van a pasar por esta lógica totalmente arbitraria del gobierno nacional, de echar gente que viene trabajando y cumpliendo tareas relevantes.
¿Tienen un número sobre trabajadores que han sido despedidos por estos días?
Se habla de diferentes números y nosotros hacemos presentaciones individuales, pero sí puedo decir que son numerosos porque han venido decenas de personas en estos días. Porque esto se anunció vía e-mail entre las 10 y 11 de la noche y a la mayoría les llegó el email de despido, la víspera de Semana Santa.
Me parece que hay que ver esto desde la perspectiva de que es necesario tutelar los derechos laborales de los trabajadores, pero hay una contracara que se habla poco, y es que detrás de estos despidos hay una afectación sobre políticas públicas.
Por ejemplo, me toca representar a trabajadores del Ministerio de Trabajo de la Nación que trabajan en agencias territoriales-. Uno de los programas que se ejecutan es el FOMENTAR que daba un 100 % de reducción de contribuciones patronales durante 12 meses a las Pymes que contraten a jóvenes. Es decir, detrás de cada trabajador despedido hay una política pública que se ha afectado, en este caso vinculada a la producción y generación de empleo.-
También me toca representar a trabajadores de la Agencia Nacional de Discapacidad; se está afectando todos los derechos de las personas con discapacidad y los trámites de las pensiones por ese motivo, porque va a haber menos personal. Y así puedo dar montón de ejemplos.
“Más allá de que nos preocupa y nos ocupa atender los derechos de los trabajadores tanto del Estado, como de cualquier trabajador, acá lo que hay es una afectación sobre el rol del Estado que termina afectando a la comunidad en su conjunto.
También nos llegan muchos afectados por el aumento de las prepagas y estamos presentando también muchos amparos con medidas cautelares por los aumentos excesivos y lo que veo es que el gobierno nacional está desorganizándole la cotidianidad a un montón de trabajadores y el día a día a un montón de argentinos. Esto genera angustia, también incertidumbre, y ahora empiezan a llegar las consultas por el tema tarifario, de empresarios Pyme y de comerciantes que son los que dan el 70 % de los puestos de trabajo y van a judicializar la situación porque no dan abasto.
Por tanto este Decreto que rechazamos por inconstitucional como el Ómnibus, rechazado en el Senado, y este tipo de medidas en contra de los trabajadores, forman parte de un gobierno que está en contra del mundo del trabajo, tanto de los empresarios Pyme, los comerciantes, como de los trabajadores en un contexto de licuación de los ingresos y de la mal llamada “motosierra” que lo único que hace es afectar a las mayorías que no pueden pagar las prepagas y que está desorganizando el entramado productivo en todo el país.
Por último al ser consultado sobre la situación del DNU en el ámbito parlamentario, el abogado apuntó:
“Tenemos tres problemas; primero que no sabemos cuándo se va a tratar en Diputados; hasta tanto eso suceda el Decreto sigue vigente; el segundo problema es que se puede caer el DNU, pero al otro día el Gobierno puede mandar una Ley; de hecho está retomando impulso parlamentario la Ley ómnibus y puede hacer una ley separada por el tema prepagas, para garantizar por ley la regulación que le están pidiendo los cuatro jugadores fuertes del sistema de prepagas; y el tercer problema que tenemos es que, aún si se aplicara en el marco normativo anterior que empoderaba a la superintendencia de Servicios Salud que debía autorizar los aumentos basándose en la estructura relativa de costos; es decir la prepaga tenía que fundamentar por qué quería aumentar, y también en variaciones del cálculo de riesgos, es decir si tenemos una superintendencia de servicios de Salud encabezada por un ex directivo de OSDE, estamos en el peor de los mundos con cualquier ley-. Por lo tanto no va a quedar otra que judicializar la situación.