LA JUSTICIA LE DIO LA DERECHA A LAS EMPRESAS

Un grave impacto en los bolsillos de 45 millones de usuarios que ahora van a pagar lo que las empresas quieran, avizora la decisión de la Cámara Federal porteña que suspendió por 6 meses el DNU que declaraba ‘Servicios públicos’ y congelaba los precios de Internet, la telefonía y la TV pagas. El fallo fue denunciado por Gustavo López, Vicepresidente del Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM), quien catalogó de arbitraria la decisión de dos jueces que se pusieron de espaldas al pueblo para despojarlo de un servicio esencial.

“El año pasado en agosto, el presidente Alberto Fernández sacó un DNU dentro de las facultades que tiene por el Art. 99 de la Constitución, porque- aclaró López- establecía un congelamiento hasta el 31 de diciembre del año pasado de estos servicios, los declaraba servicios públicos esenciales en competencia, y a partir del 1ro de enero el precio iba a estar regulado por el Estado.

“Eso significaba- siguió argumentando-, que no podían las empresas aumentar sin el consentimiento del Estado, y se establecía una prestación básica universal.

“Pero ni bien salió el Decreto, la mayoría de las empresas grandes fueron a la justicia tratando de impedir la aplicación del DNU, todos los jueces rechazaron los recursos de amparo y después en enero cuando se puso en marcha el Decreto, volvieron a la carga las empresas y no quieren regulación de precios, quieren fijarlos ellos, y los jueces en primera instancia rechazaron nuevamente esa pretensión, pero en abril- remarcó-, la Cámara Federal Contencioso Administrativo de la Ciudad de Buenos Aires, le hace lugar al Recurso de Amparo de TELECOM, y esta semana saca dos fallos más; uno exactamente igual a favor de DirecTV y Telecentro, pero además- alarmó-, lo más grave es que nos rechaza a nosotros el recurso extraordinario ante la Corte, por la apelación por el amparo contra Telecom.

“Quiere decir y repito-, así como el poder Ejecutivo que es la representación del pueblo en la máxima autoridad, saca un DNU y después ratifica el Congreso por la comisión bicameral y el Senado aprueba y se convierte en Ley, todos los jueces de primera instancia rechazan la pretensión de las empresas y dos jueces por un voto de 2 a 1, deciden que ese Decreto se suspende.

“El Decreto sigue vigente, y esto es lo más grave porque nadie lo declaró inconstitucional, pero suspenden la aplicación.

Es decir, personas que no han sido votadas por el pueblo corrigen una normativa que favorecía a millones de usuarios.

“Y lo más grave es que no hay una declaración de inconstitucionalidad en ningún Juzgado ni Cámara,-reiteró López-, de hecho las empresas ni siquiera presentaron un pedido al respecto, lo que presentaron fue que mientras esto se discute, que se suspenda la aplicación del Decreto ratificado por el congreso.

“Obviamente nosotros habíamos autorizado por ejemplo, un 16 % de aumento para telefonía celular y ya llevamos algo más de un 30% en el primer semestre; si vos lo proyectas va a dar 65 % en el año; nos parece un disparate que un servicio tal elemental y esencial para trabajar, estudiar, etc., deje el precio a merced de las empresas- condenó el titular de ENACOM-.

Como militante, como ciudadano y director de ENACOM ¿cómo crees que se pueda cambiar la realidad de que haya jueces que dicten a favor de algunas empresas y un ojo tapado para los usuarios?

“Creo que con reformas profundas y con políticas, tenemos un sistema copiado del norteamericano donde es el Poder Judicial el que determina si las leyes son constitucionales o no, y pueden tardar años en determinarlo. Casi todos los países europeos tienen el llamado Tribunal constitucional, que solo se dedica a eso y en 30 días resuelve el tema sin tener que esperar años para decir si una norma es o no constitucional. Y ese Tribunal es en algún caso de carácter judicial, y en otro caso de carácter político, esto último no significa que no sean abogados los que determinan la constitucionalidad sino que acompaña a la política, entonces lo que uno dice es que deberíamos tener un sistema donde la inconstitucionalidad se resuelva en 30 día, y no en 4 años; después las medidas cautelares que son una excepción , acá (en la Argentina) se convierten en una regla, porque primero te suspenden la aplicación de una norma y después ven si la norma es válida o no; y tercero, de reforma judicial necesitamos tribunales de Defensa del Consumidor que se dediquen específicamente a esto, porque si a una persona le cobran una factura por demás no puede hacer un juicio ordinario.

“ Cuando te querés dar de baja pasas meses, de peripecias- señaló por ejemplo-. Y apuntó a la provincia de Mendoza que tiene un Fuero especial porque la constitución generó una norma especial en el Art. 42 que es el Derecho de Usuario y Consumidor; por otro lado la política.

“Acá tenemos un grave problema en el siglo XXI con las democracias representativas. Hoy los poderes económicos son más fuertes que los estados y han colonizado una parte del poder judicial a favor de sus intereses y, te puedo poner de ejemplo: Cuando Kirchner asumió en 2003 la Corte era un desastre, había avalado barrabasadas y había gran consenso social para producir el cambio y Kirchner inicia un proceso de juicio político y cambiamos por una Corte que fue ejemplar de 2003 al 2015.

“Hoy no hay consenso para cambiar la Corte, porque los grandes Medios cada vez que vos queres hacer una reforma en la justicia dicen que queremos atacar la República, porque en realidad la han colonizado. Hoy trabajan para sus intereses y esta batalla es política y hay que darla en la calle, en discusiones. El campo de debate no son solo los Medios- donde perdemos por cantidad, es la calle, es el Congreso. Por qué no discutimos allí a cara descubierta si los diputados creen que esto es o no un servicio esencial.- sugirió Gustavo López-

¿Qué va a pasar de acá en adelante con este nuevo fallo?

“Estas empresas quedaron cubiertas por la justicia, y por los próximos 6 meses van a poder aumentar lo que quieran. Como a nosotros nos parece una arbitrariedad y un disparate vamos a seguir con recursos judiciales para torcer esta decisión y con decisiones políticas para ver si en el menor tiempo posible, no en 6 meses, sino el próximo mes podemos de alguna manera con otro fallo judicial cambiar esta situación, porque en el medio hay 45 millones de usuarios que van a pagar lo que las empresas quieran. Y es un servicio esencial y hay que cuidarle el bolsillo a la gente”-concluyó el director de ENACOM-.