NARCOMENUDEO EN CABA

La poblaciones más vulnerables a este problema de inclusión social son las mujeres, las personas travestis trans y los niños, niñas y jóvenes de las comunas 1, 4 y 8.

El Instituto de Políticas Públicas para Buenos Aires (i-Ciudad) organizó en su sede del centro porteño un conversatorio llamado “Narcomenudeo y grupos vulnerados” que contó con la presencia de la Dra. Carla Cavaliere, jueza de la Cámara de Apelaciones Penal Juvenil, la Dra. Marcela Millan, titular del Ministerio Público de la Defensa de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y el Padre Lorenzo “Toto” de Vedia, párroco de la Iglesia Virgen de los Milagros de Caacupé del Barrio Zavaleta, integrante de Sacerdotes para las Villas de Emergencia y referente de Curas Villeros. El objetivo del encuentro fue evaluar esta temática con una mirada propositiva para evaluar qué cosas se pueden hacer al respecto.

Por parte del i-Ciudad estuvieron Marta Albamonte, presidenta, Luis Duacastella, secretario general y director del área de Seguridad, Laura Rocha, directora del área de Ambiente y Desarrollo Sostenible y moderadora del evento, y Juan Pablo Pilatti, director ejecutivo.

En el año 2018 la Ciudad de Buenos Aires aceptó la transferencia de las competencias en el narcomenudeo y en las conductas directamente ligadas al consumo como lo es la de Tenencia para Consumo Personal. Los datos estadísticos exponen que las políticas para la llamada “lucha contra el narcotráfico” se centran en las personas de más bajos recursos y grupos más vulnerados.

“Es un error tratar este tema como un problema de seguridad ya que los principales problemas radican en tres puntos: la exclusión social, las personas en situación de calle, y las mujeres y jóvenes”, señaló Duacastella que además remarcó que la mayoría de los casos de narcomenudeo se dan en las comunas 1 (Retiro, San Nicolás, Puerto Madero, San Telmo, Monserrat y Constitución), la comuna 4 (Barracas, La Boca, Nueva Pompeya y Parque Patricios) y la comuna 8 (Villa Soldati, Villa Lugano y Villa Riachuelo).

“Creer que la despenalización es la solución mágica es ignorar una problemática muy seria. Quizás la respuesta esté en una síntesis entre el paradigma de salud mental y el abordaje sanitario, y el tratamiento que se pueda dar desde el Poder Judicial”, reflexionó Millán, abogada especialista en Derecho Penal. Además, agregó: “Una de las problemáticas que se nos presenta es que después de cumplida la probation qué hacemos con las personas con consumo problemático ya que difícilmente puedan acceder a un trabajo formal. Otra, es el crecimiento de la población femenina, cada vez más afectada en las causas por consumo problemático de sustancias. Por eso tenemos que hablar de ‘feminización de la pobreza’”.

La jueza Cavaliere narró algunas experiencias en casos puntuales y en base a eso explicó: “Los niños, niñas y adolescentes son los famosos ‘soldaditos de la droga’ y forman parte de la población más vulnerable dentro del narcomenudeo. Hay un tema central que es la educación o la falta de ella ya que un alto porcentaje de quienes se presentan a las audiencias en la Ciudad no terminó el secundario y eso no sólo está vinculado a la pobreza, también sucede en la clase media”. Por último, agregó: “Me parece fundamental trabajar en protocolos de actuación con punibles y no punibles e involucrar a la comunidad con justicia restaurativa o terapéutica, para trabajar los problemas de adicción primero y solucionar así los delictivos”.

El Padre Toto, que como cura villero conoce la problemática de primera mano, dio su visión. “El narcomenudeo en la Ciudad se da por la ausencia del Estado y por cómo se paran las fuerzas de seguridad en el tema. A las y los pobres se llega en la instancia judicial, algo que es escandaloso a nivel social. No llegamos primero con una vacante en la escuela o con un oficio. Por eso es un tema de inclusión social”. También explicó uno de los principales inconvenientes que identifica en la Ciudad: “La fragmentación del Estado es un problema. La persona tiene un problema de salud, uno de vivienda y uno judicial, todas ventanillas distintas. ¿Quién atiende entonces a la persona? Hay que apuntar la unidad en los distintos estamentos del Estado y a que la Justicia profundice en la dimensión social”.

Para finalizar, Albamonte concluyó: “Lo que queda claro después de escuchar todas estas voces es que no es un problema exclusivo de seguridad, justicia o salud, sino de inclusión social”. La presidenta del i-Ciudad, que además es economista, agregó: “Se requiere un abordaje multidisciplinario. Al margen de los subsidios, lo indispensable es apuntar a la reinserción laboral. Para esto es necesaria la capacitación, la preparación en profesiones y oficios que permitan acceder a empleos y salarios dignos”.