La Justicia porteña ordenó la reactivación del amparo presentado por un grupo de asociaciones de personas sordas para que el Palacio Ceci, una edificación antigua, permanezca como sede de una escuela para niños y niñas con discapacidad auditiva y no sea destinada por el Gobierno local al Distrito del Vino.
La resolución de la Sala II de la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso, Administrativo y Tributario fue en el marco de una acción de amparo impulsada desde la Asociación Argentina de Sordos y el Observatorio del Derecho a la Ciudad en agosto del 2022, que fue rechazado en primera instancia.
Los amparistas solicitaron, por entonces, que «se declare la nulidad de todo acto administrativo o de la administración orientado a cambiar el destino histórico y el uso educativo del Palacio Ceci y que el edificio esté destinado con exclusividad a la escuela Ayrolo», en referencia a la institución de enseñanza a personas sordas.
La demanda fue presentada tras la decisión del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires de transferir el manejo del edificio de la órbita del Ministerio de Educación y a la Dirección de Administración de Bienes del Estado, lo que despertó sospechas en la comunidad escolar del Ayrolo respecto que el Palacio dejaría de pertenecer a la comunidad sorda.
Es que el Palacio -construido en 1913 por el ingeniero Alfredo Ceci- sirvió como vivienda del profesor Bartolomé Ayrolo, que permaneció hasta su muerte, en febrero del 1942, y desde entonces el lugar funcionó como una escuela para niños y niñas con compromiso auditivo y trastornos del lenguaje.
El Ceci estuvo bajo el mando del Ministerio de Educación que, ante el deterioro de la antiguas instalaciones, en 2015 levantó un edificio lindante al Palacio, donde mudó las aulas. En tanto, en el Palacio permanecieron dependencias administrativas de la institución escolar.
En ese marco, un conjunto de asociaciones de personas sordas intentó detener el proceso a partir del amparo, así como también promovió un proyecto de ley en la Legislatura para garantizar la permanencia del Palacio ante la posibilidad que sea utilizado para el Distrito del Vino, una iniciativa de la gestión porteña en la zona de Villa Devoto con fines turísticos.
El juez en primera instancia Marcelo Segón rechazó «in limine» la acción colectiva al considerar que «no había una decisión estatal que hubiera materializado una modificación en el uso del Palacio Ceci», lo que fue apelado por los amparistas que afirmaron que «el acta de restitución, si bien no indicaba qué uso se le iba a dar, implicaba que ya no estaría destinado a una función educativa».
Dos meses después de la apelación, los camaristas Hugo Zuleta y Gabriela Seijas hicieron lugar al recurso de apelación y revocaron la resolución de grado tras evaluar que el Gobierno porteño ofreció una «confusa respuesta» ante el pedido para conocer, en instancias judiciales, cuál fue la motivación para el cambio de titularidad del inmueble.
«No se explica, por ejemplo, cuál fue la razón por la que la licitación pública no podía ser llevada a cabo estando el Palacio en la órbita de la Dirección General de Educación de Gestión Estatal o cuál era la conveniencia de pasarlo a la Dirección General de Administración de Bienes», señala
En la actualidad, el Palacio está bajo un proceso de obras de recuperación y conservación a cargo de una empresa concesionada por el Gobierno porteño que, de acuerdo al plan estipulado, finalizaría en recién en 2024.