LA ECONOMÍA SOCIAL YA TIENE LEY

Con lemas expresos de equidad, inclusión y solidaridad, promueve la interacción entre unidades productivas de personas, grupos o sectores de mayor vulnerabilidad.

“Promover el desarrollo local, la generación y sostenibilidad de puestos de trabajo autogestivos y el acceso a nuevos mercados de las Unidades Productivas de la Economía Social de la Ciudad”, es el primer precepto de la Ley aprobada.

Había varias iniciativas al respecto, del Frente de Todos; de la UCR, que hizo suya la propuesta de un particular, y de la Jefatura de Gobierno. Primó el proyecto oficialista, discutido y despachado en las comisiones de Desarrollo Económico (preside Marcelo Guouman – UCR), de Promoción e Integración Social (Lorena Pokoik – FdT) y de Presupuesto (Claudio Romero – VJ).

Se crea un registro de estas Unidades Productivas y se consignan “criterios que tiendan a alcanzar la igualdad en el acceso a herramientas financieras, crediticias y de asistencia técnica para disminuir las brechas económicas y sociales entre las y los ciudadanos”.

El texto toma en cuenta la “perspectiva de género” para el “empoderamiento económico de las mujeres, personas trans y/o disidencias”; la inclusión de personas con discapacidades y la importancia del impacto ambiental.

La “Unidad Productiva” es definida como persona o colectivo de personas que realicen “actividades de interés económico y social, produciendo bienes o servicios en busca de satisfacer sus necesidades, con miras a su inserción en el mercado formal laboral o comercial con baja escala de capitalización y productividad, cuyo principal activo es la fuerza de trabajo”.

Se busca favorecer a estos trabajadores con exenciones impositivas, políticas de fomento del crédito a través de programas del Banco Ciudad y la constitución de un fondo fiduciario con aportes públicos y privados para “mejorar, ampliar o garantizar la producción u obtención de los productos o servicios vinculados a su actividad”.

Podrán participar asociaciones sin fines de lucro, asociaciones civiles, cooperativas, mutuales, fundaciones, sociedades, siempre que “tengan experiencia acreditable en el otorgamiento de créditos y mesocréditos, brinden capacitación y/o asistencia técnica” a las unidades productivas.

La autoridad de aplicación será definida por el Poder Ejecutivo en la reglamentación del articulado de esta nueva ley.