“El Poder Judicial de la nación ha derrumbado su propia credibilidad”

Una voz prestigiosa como la del abogado constitucionalista Eduardo Barcesat pone en perspectiva una de las más desastrosas herencias del macrismo como es la falta de credibilidad en el desempeño judicial, tema en el que profundizó llamando a erradicar de una vez por todas el lawfare y la raíz persecutoria de los procesos judiciales poniendo como ejemplo de quienes son víctimas a Milagro Sala y Amado Boudou. A la vez, Barcesat consideró que los tres poderes del gobierno federal tienen incumbencia para desmontar las estructuras del lawfare.

La institución judicial se ve debilitada con un 25% de credibilidad, según encuestas, pero fortificada incluso frente al presidente cuando dijo de revisar la causa de Milagro Sala, y a los pocos días esa misma justicia de forma unánime dejó firme la condena contra la dirigente social ¿Eso le sorprendió?

“Con los antecedentes de la Corte Suprema que ha actuado convalidando todos los casos de lawfare (guerra judicial) -introdujo-, es fuertemente lesiva del deber de obediencia a la supremacía constitucional. La nación argentina -explicó-, además de contar con una Constitución enormemente valiosa en lo que hace a derechos y garantías en los procesos penales, ha suscrito los principales tratados internacionales de Derechos Humanos dándole jerarquía de cláusula constitucional y que establece que la justicia, los jueces, deben ser independientes, idóneos, imparciales y competentes”.

“Esa fórmula que se viene desempeñando desde el inicio del gobierno de la gestión del ex presidente Mauricio Macri, el Poder Judicial de la nación ha derrumbado la credibilidad del mismo y efectivamente está en los niveles más bajos en el sector institucional y esto no es porque alguien lo haya orientado a la opinión pública, sino porque evidentemente se advierte el carácter y raíz persecutoria de los procesos”.

Para ejemplificar lo dicho, Barcesat afirmó:

“Tomo como paradigma el caso de las fotocopias de los cuadernos quemados y republicados parcialmente. La Corte tiene en su poder hace más de un año y medio diversos pedidos de revisión y anulación de esta causa que empaña a la razonabilidad del discurso jurídico y de la práctica jurisdiccionales, sin embargo hasta aquí no ha tomado ninguna resolución y cuando lo ha hecho, como en el caso de Milagro Sala, es deplorable. Por no abrirle el recurso al ex vicepresidente Amado Boudou, deplorable también”.

“Entonces tenemos que señalar claramente, hay que terminar con el lawfare, y decirte que los tres poderes que conforman el gobierno federal, tienen incumbencia para desmontar este lawfare. Al Congreso de la nación, el poder legislativo que es el primer poder de la nación le compete el dictado de la amnistía que en este caso tendría que ser individual por lawfare públicamente reconocido, tendría la ventaja de poder borrar el hecho de la persecución, es decir, afirmar la inexistencia de delito con lo cual hay al menos, un principio de reparación moral a los afectados”.

“Al Poder Ejecutivo -continuó explicando el jurista-, le compete dictar indultos o conmutar penas. El presidente de la nación ha dicho que no va a ejercer esa facultad, pero tan cierto como dicho es el hecho de que esa facultad está en el Congreso de la nación, en el Poder ejecutivo, que fue ratificado por la Convención constituyente de 1994. Uno podrá compartir las críticas contra este instituto -acotó-, pero es parte de nuestra ley suprema de la nación; y por último está el propio Poder judicial, y su cabeza, la Corte suprema de la nación, que si hubiera dictado un procesamiento señero en estas causas que ya están, como dije, desde hace un año y medio sometidas a su conocimiento y decisión, para desmantelar las estructuras del lawfare, bueno habría comenzado un camino de recuperación del poder judicial y de su credibilidad ante la opinión pública, pero de este camino hasta hoy no se ha dado un paso”.

Al pedirle una reflexión sobre el estado en que nos encontramos con el actual gobierno de corte nacional con apoyo peronista, a más de un año de su asunción, el abogado consideró:

“Cuando uno está en situación de perseguido político bajo un régimen que calificó de excepcionalidad institucional (me refiero al de Mauricio Macri) aunque asumió con legitimidad de origen, inmediatamente usurpó y sometió las potestades tanto del Congreso de la nación porque gobernó con DNU y sometió a la justicia con esa frase de “no es lo que habíamos acordado…” todo eso es propio de la excepcionalidad institucional y lesivo del estado de derecho; ahora, cuando uno está privado de la libertad por un gobierno que ha cometido esos desmanes institucionales, uno sabe que cada día que está detenido es un día de lucha, pero cuando se está bajo estado de derecho. El día que se pasa en prisión o en la continuidad de prisión es más dolorosa sicológicamente porque uno dice que bajo estado de derecho no debería estar sufriendo la privación de libertad y todas las privaciones…”

Por último, Barcesat se refirió a la causa de las escuchas contra Macri, y el rol de Stornelli de juez y parte…

“El hecho de que se haya frenado porque está en tratamiento el recurso que presentó la defensa de Cristina Fernández de Kirchner para que la causa sea remitida a la Corte, no digo que sea un pronunciamiento de fondo, pero por lo menos de momento posibilita que el Doctor que se ha venido comportando con total imparcialidad e independencia de criterio, siga teniendo una causa en el que ha sido quien la instruyó primero y por tanto tiene prioridad sobre cualquier otro juez federal de la nación. Es una vieja doctrina federal y nada aconseja apartarse de ello para evitar tirar la causa a Comodoro Py para que le den sepultura”.

“Creo que esta decisión de la Sala IV de la Cámara de Casación una de las más criticadas por su apego al lawfare, eso que se haya detenido es un paso adelante, ahora hay que ver qué hace la Corte con el conflicto de competencia, además tiene que responder de inmediato como es la práctica tribunalicia”.

Resumiendo Barcesat estimó:

«Veremos si la Corte Suprema mínimamente en esto tiene un despego lúcido institucionalmente. Mi expresión es de deseo y aguardo sea uno de los pasos posibles que se den en la justicia, que son los principales responsables del lawfare y sea desmontado por ellos mismos”.