El fútbol argentino vivirá un fin de semana sin actividad. La AFA ratificó un paro total entre el jueves 5 y el domingo 8 de marzo que afecta a todas las categorías del fútbol nacional. La medida dejó suspendida la fecha 9 del Torneo Apertura 2026 y responde a un conflicto judicial que involucra a las máximas autoridades de la entidad.
Los 30 clubes de la Liga Profesional votaron por unanimidad sostener la medida de fuerza durante una reunión del Comité Ejecutivo en el predio de Ezeiza. También se plegaron el Ascenso, las divisiones formativas y el fútbol femenino. La decisión se tomó en repudio a una denuncia de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) contra la conducción de la AFA y el llamado a indagatoria a varios dirigentes, incluido Claudio Tapia.
ARCA denunció a la AFA en diciembre de 2025 por presunta apropiación indebida de tributos y recursos de la seguridad social. La investigación abarca 69 hechos registrados entre marzo de 2024 y septiembre de 2025. El monto bajo análisis supera los $19.000 millones de pesos.
El organismo recaudador sostiene que la AFA retuvo aportes impositivos y previsionales sin depositarlos al fisco dentro del plazo legal de 30 días. Según el informe técnico, la entidad no presentaba dificultades financieras que justificaran la falta de pago. ARCA señaló que la AFA realizó operaciones financieras con esos fondos mientras postergaba su ingreso al Estado.
El presidente de la AFA, Claudio «Chiqui» Tapia, fue citado originalmente a declaración indagatoria para el jueves 5 de marzo. El cronograma judicial también incluye al tesorero Pablo Toviggino, al director general Gustavo Lorenzo, al secretario general Cristian Malaspina y al expresidente de Racing Víctor Blanco. El juez Diego Amarante rechazó el pedido de la defensa para suspender las indagatorias, sin embargo decidió prorrogarlas al 12 de marzo.
Desde la AFA sostienen que no existe deuda exigible y que los pagos cuestionados fueron realizados antes de sus vencimientos. La entidad presentó ese planteo ante la Justicia y aguarda una resolución de la Cámara de Apelaciones. Algunos dirigentes interpretan que detrás de la avanzada judicial hay un trasfondo político vinculado a la puja por las Sociedades Anónimas Deportivas (SAD).