La Defensoría del Pueblo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires realizó una observación mixta (presencial y por monitoreo de medios) durante la manifestación convocada por organizaciones de personas jubiladas, con acompañamiento de agrupaciones sindicales, políticas y sociales, en las inmediaciones del Congreso Nacional el pasado martes 30 de julio.
El operativo de seguridad incluyó un despliegue significativo de fuerzas federales (PFA, GNA, PNA) y de la Policía de la Ciudad. Aunque la movilización —que reunió a menos de 200 personas— se desarrolló de forma pacífica, se registraron hechos de violencia institucional por parte de las fuerzas policiales.
Alrededor de las 17:30 h, un cordón de la Policía de la Ciudad con equipamiento antidisturbios bloqueó el avance de manifestantes sobre Av. de Mayo y Sáenz Peña. En ese contexto, se produjeron forcejeos y el uso de gas pimienta disparado en forma de balines, escudos y bastones por parte de las fuerzas, lo que afectó de manera indiscriminada a manifestantes, observadores de derechos humanos y trabajadores de prensa.
La Defensoría constató la detención de al menos siete personas y la atención de 61 personas heridas, entre ellas una mujer con cortes en el rostro y un hombre mayor con lesiones en los brazos. Se presume que el número de personas afectadas es aún mayor.
En sus conclusiones preliminares, la Defensoría advierte sobre:
- La aplicación de un protocolo de intervención contrario a la Constitución Nacional y a estándares internacionales de derechos humanos.
- Un uso ilegítimo, desproporcionado e injustificado de la fuerza pública por parte de la Policía de la Ciudad.
La Defensoría del Pueblo continuará monitoreando la situación y exige que se respeten los derechos de quienes ejercen su libertad de expresión y protesta pacífica, especialmente cuando se trata de grupos históricamente vulnerados.