Con 36 votos afirmativos, 2 negativos y 20 abstenciones, el Cuerpo legislativo sancionó el convenio firmado entre Nación y Ciudad que crea el Fuero del Trabajo local. En la misma sesión se aprobaron condonaciones tributarias de AGIP, cambios en la Carta Orgánica del Banco Ciudad y beneficios para excombatientes y jubilados.
En una sesión ordinaria que reunió a los diputados de todos los bloques, la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires aprobó este jueves la transferencia de la Justicia Nacional del Trabajo a la órbita local, una medida que el oficialismo porteño definió como un paso central en la consolidación de la autonomía de la Ciudad.
El proyecto, enviado por la Jefatura de Gobierno, obtuvo 36 votos a favor, 2 votos en contra y 20 abstenciones. Con esta sanción, se formaliza el convenio suscripto en febrero de 2026 entre el Estado Nacional y el Gobierno de la Ciudad, que establece el traspaso progresivo de competencias, estructuras y recursos humanos vinculados al fuero laboral.
Según el texto aprobado, el traspaso implica que todas las causas laborales iniciadas con anterioridad a la entrada en vigencia del nuevo esquema continuarán su tramitación en la Justicia Nacional del Trabajo, hasta su finalización. En tanto, las nuevas demandas que se inicien a partir de la implementación del fuero local ingresarán exclusivamente al Fuero del Trabajo de la Ciudad de Buenos Aires.
El fundamento jurídico de la iniciativa se encuentra en el artículo 129 de la Constitución Nacional, que reconoce la autonomía de la Ciudad, y en los artículos de la Constitución porteña que establecen la necesidad de asumir competencias jurisdiccionales propias. De acuerdo con los considerandos del convenio, ambas jurisdicciones se comprometen a agotar las instancias necesarias para garantizar la autonomía plena prevista tras la reforma constitucional de 1994.
En términos operativos, el acuerdo establece que la Ciudad de Buenos Aires asumirá la selección de magistrados, fiscales y funcionarios mediante los mecanismos previstos por el Consejo de la Magistratura local y la Legislatura. Asimismo, deberá garantizar el presupuesto, la infraestructura y los recursos necesarios para el funcionamiento del nuevo fuero.
Por su parte, el Estado Nacional se compromete a transferir de manera progresiva los recursos materiales y a no cubrir las vacantes que se produzcan en la Justicia Nacional del Trabajo en aquellas competencias que hayan sido transferidas. El objetivo, según el convenio, es evitar la superposición de estructuras y asegurar una transición ordenada.
La sanción se apoya en dos normas previamente aprobadas por la Legislatura: la Ley 6.789, que creó formalmente el Fuero del Trabajo de la Ciudad, y la Ley 6.790, que estableció su Código Procesal del Trabajo. Ambas leyes habían sido sancionadas como marco normativo previo y necesario para recibir las competencias transferidas.
Durante el debate en el recinto, los bloques que acompañaron la iniciativa destacaron que el traspaso permite acercar la justicia laboral a los vecinos de la Ciudad y agilizar los plazos procesales. Los legisladores que se abstuvieron, en tanto, plantearon dudas sobre el financiamiento de la nueva estructura, la situación del personal judicial transferido y la necesidad de mayores precisiones sobre la etapa de implementación.
Condonaciones tributarias, Banco Ciudad y otros proyectos
Además del traspaso judicial, la Legislatura aprobó por unanimidad, con 56 votos afirmativos, el proyecto que homologa las condonaciones de deudas tributarias otorgadas por la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos (AGIP).
La iniciativa, también impulsada por la Jefatura de Gobierno, convalida las condonaciones dispuestas durante 2025 y 2026 a un número acotado de contribuyentes por obligaciones vinculadas al Impuesto Inmobiliario (ABL), Patentes de vehículos e Impuesto sobre los Ingresos Brutos. El Código Fiscal de la Ciudad establece que este tipo de beneficios deben ser remitidos anualmente a la Legislatura para su validación definitiva, procedimiento que se cumplió en esta sesión.
Otro de los expedientes sancionados fue la modificación de la Carta Orgánica del Banco Ciudad. Con el cambio aprobado, la entidad bancaria deberá destinar la totalidad del remanente de utilidades, una vez cubiertas las reservas legales y las previsiones de capital, exclusivamente a la bonificación de tasas de interés o a la reducción de gastos administrativos en líneas de créditos hipotecarios para residentes de la Ciudad.
Hasta ahora, el texto vigente establecía que esos excedentes debían ser transferidos al presupuesto general del Gobierno porteño para el financiamiento de obras de acción social y soluciones habitacionales. Con la reforma, se redirecciona ese flujo hacia el acceso al crédito para vivienda.
En materia de política social, el Cuerpo aprobó la extensión con carácter permanente del subsidio especial destinado a excombatientes de la Guerra de Malvinas. La norma amplía el alcance del beneficio, que hasta el momento solo percibían quienes se mantenían en actividad, para incluir también a quienes ya se encuentran jubilados.
Para acceder, los beneficiarios deberán acreditar su condición de veterano de guerra mediante el certificado oficial correspondiente. El subsidio mantendrá sus características vigentes: será personal, vitalicio, intransferible y compatible con otras jubilaciones o pensiones contributivas. La ley aclara que el beneficio no es heredable ni transferible a familiares.
Finalmente, los legisladores sancionaron la modificación del régimen de acceso al pase gratuito de subte para jubilados, pensionados y retirados de las fuerzas armadas y de seguridad. La nueva redacción elimina la obligatoriedad de realizar trámites digitales y suprime requisitos adicionales vinculados a entidades bancarias o billeteras virtuales.
A partir de esta ley, el beneficio se tramitará únicamente de forma presencial, con la sola presentación del Documento Nacional de Identidad y el último recibo de haberes, a fin de acreditar domicilio en la Ciudad y un nivel de ingresos que no supere los dos haberes mínimos jubilatorios y medio.
El pase se otorgará a través de una tarjeta magnética física, sin integración con bancos ni proveedores de servicios de pago, y faculta al Gobierno porteño a verificar la condición previsional del solicitante mediante el cruce de datos con organismos nacionales y locales.
