La Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires sesionó este
jueves y ratificó el último decreto de necesidad y urgencia del jefe
de Gobierno, Horacio Rodríguez Larreta, relacionado con la
suspensión de plazos en los procedimientos de faltas. También aprobó
una declaración de reconocimiento al trabajo de los equipos de salud
y el repudio a algunas manifestaciones discriminatorias o agresiones
contra ese personal.
Se aprobaron, además, proyectos vinculados a la situación de los
niños y adolescentes que están siendo afectados por la prolongación
del aislamiento domiciliario y de los pequeños comerciantes o
trabajadores autónomos con actividades limitadas a sus barrios.
Vamos Juntos pidió que se impida la publicidad de medicamentos que
induce a la automedicación e hizo pública su “enorme preocupación”
por la liberación de presos con condenas.
El Frente de Todos, Gen, Consenso Federal y el FIT habían presentado
diferentes proyectos de resolución para girar pedidos de informes al
Poder Ejecutivo referidos a la compras recientes de insumos médicos.
Finalmente se consensuó un texto que fue aprobado por el cuerpo
parlamentario.
La sesión ordinaria se realizó en el salón Dorado – Hipólito
Yrigoyen, cuyas dimensiones permiten adoptar los dispositivos de
distanciamiento entre legisladores y personal afectado. Por razones
de salud o de riesgo previamente notificadas, participaron “on line”
desde sus domicilios los diputados María Luisa González Estevarena y
Cristina García (VJ), Diego Weck (UCR-Ev) y Ofelia Fernández (FdT),
cuyas presencias y votaciones virtuales fueron debidamente
corroboradas de acuerdo con las últimas prescripciones del
reglamento interno de la Legislatura.
El decreto de necesidad y urgencia N.º 6/2020 de la Jefatura de
Gobierno de la Ciudad quedó ratificado, así como antes los diputados
porteños ya habían dado su aval a los cinco DNU anteriores, todos
relacionados con la emergencia por el coronavirus.
En este caso, la norma convalidada es la que suspende “por 60 días
corridos los plazos previstos en la Ley N° 1.217 de procedimiento de
faltas, excepto para el exclusivo caso de los procedimientos que se
refieran a las presuntas faltas previstas en los artículos 1.2.4,
5.1.5 y 6.1.42, de la Ley N° 451 y cometidas durante la vigencia del
aislamiento social, preventivo y obligatorio”.
“No obstante la suspensión de plazos establecida -aclara la propia
norma- el presunto infractor podrá requerir la intervención de la
Unidad Administrativa de Control de Faltas a efectuar su descargo.”
Al tal fin, “establécese que la Subsecretaría de Justicia arbitrará
las medidas pertinentes para cumplimiento a lo dispuesto, pudiendo
disponer que las Unidades Administrativas de Control de Faltas
presten servicios de forma remota no presencial”.
Por unanimidad y en base a propuestas luego consensuadas de los
bloques VJ y UCR-Ev, se manifestó el “beneplácito” de los diputados
capitalinos “por la intensa labor desempeñada por el equipo de salud
de la Ciudad, haciéndolo extensivo a todo el país, en el marco de la
pandemia en relación al Covid 19”
La misma declaración “expresa su repudio y preocupación frente a los
hechos de discriminación y actos de agresión sufridos por el
personal que se encuentra prestando funciones en los distintos
efectores de los sistemas de salud”.
Por iniciativa de Ana María Bou Pérez (VJ) en coautoría con varios
legisladores de su bloque, se aprobó una declaración dirigida a la
Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología
Médica (ANMAT) para que disponga suspender la publicidad de fármacos
en tanto esos avisos promuevan o induzcan a la automedicación de la
gente.
“La Legislatura de la CABA vería con agrado que, en el marco de la
pandemia de coronavirus Covid 19 y por lo menos durante el período
que lleve dominar la misma, la ANMAT dispusiera el cese de toda
clase de publicidad televisiva, radial, gráfica o que por cualquier
otro medio de comunicación aconseje automedicarse en cualquier
circunstancia”, dice la solicitud parlamentaria local al organismo
nacional.
En forma unánime se votó una resolución para pedir informes al Poder
Ejecutivo sobre las compras directas de materiales e insumos
médicos, recientemente realizadas por resolución del Ministerio de
Salud de la Ciudad. El texto fue consensuado por todas las bancadas,
tras varias iniciativas de los bloques opositores.
El jefe del bloque Vamos Junto, Diego García Vilas, al explicar en
la sesión el voto positivo al pedido de informes enfatizó que “desde
el Gobierno y desde este bloque no tenemos nada que ocultar” y
señaló que le parecía correcto que la Jefatura de Gobierno diera
todos las explicaciones pertinentes, como ya lo había hecho ante la
opinión pública. Destacó, además, que el Gobierno “tomó medidas” y
que “hay una denuncia penal en curso”.
El requerimiento legislativo refiere a la Resolución N° 115/SSASS/2020
y al expediente electrónico N° 2020–10979743-GCABA-DGABS. Se pide al
Ejecutivo que informe el listado de licitaciones y/o compras
directas, cuántas empresas presentaron oferta para la compra del
material sanitario, criterios utilizados para la adquisición del
material sanitario y varias preguntas específicas sobre la
adquisición de barbijos, sus cotizaciones, calidades y necesidades
técnicas requeridas.
Una propuesta de Gabriel Solano (PO) para interpelar al jefe de
Gabinete Felipe Miguel fue rechazada por 37 votos a 22.
Con los votos de Vamos Juntos y la abstención del resto de las
bancadas, el parlamento porteño expresó este jueves su “su enorme
preocupación y repudio ante la masiva concesión de libertades
condicionales y de prisiones domiciliarias con motivo de la pandemia
de Covid-19, a los detenidos de los distintos complejos
penitenciarios de la Nación y de la Provincia de Buenos Aires”.
“Se deben adecuar las condiciones necesarias de detención de las
personas privadas de libertad en materia de salud y tomar medidas
para impedir el contagio de Covid-19, pero no otorgarles beneficios
que no les corresponde utilizando como excusa la pandemia antes
mencionada. Se debe analizar por parte del juez cada caso de manera
pormenorizada y llegar a una resolución coherente”, sostienen los
fundamentos de la declaración presentada por Paola Micchielotto (VJ)
en coautoría con todos los diputados oficialistas.
El diputado Claudio Romero (VJ) dijo que el pronunciamiento se hace
eco “de vecinos que nos llaman preocupados por que se cumplan las
leyes, de más de un millón de personas que nos confiaron sus votos,
de gente que siente sus domicilios vulnerables, de las víctimas de
delitos”. Ante las alusiones de algunos diputados opositores sobre
las condiciones de vida en en las cárceles, Romero aseveró: “Tenemos
que defender a todos los sectores sociales”.
Manuela Thourte (UCR-EV) logró la aprobación de su proyecto que
insta al Gobierno de la Ciudad a buscar formas de mejorar las
condiciones en que viven los niños y adolescentes como consecuencia
del prolongado aislamiento en sus viviendas.
Mencionó la legisladora que hay medio millón de menores en la CABA y
la problemática de la cuarentena expuesta en un documento de la
Sociedad Argentina de Pediatría. Comparó que hay excepciones que
permiten a los mayores algún nivel de salidas, pero a los niños y
adolescentes les está totalmente vedado.
Thourte invitó a “pensar forma creativas” para que los niños puedan
hacer alguna actividad física al aire libre o tomar sol, para su
bienestar físico, emocional y social, y propuso, por ejemplo,
permitir salidas cortas ordenadas por terminación de dni y
controladas.
Sergio Abrevaya (Gen) reclamó por su parte que se tomen
disposiciones ejecutivas para admitir determinadas actividades
laborales circunscripta a los barrios por parte de pequeños
comerciantes o prestadores de servicios, trabajadores de oficios y
toda tarea que se pueda acotar con el cumplimiento de las
prevenciones dictadas por las autoridades.
A su vez, Roy Cortina (PS) presentó el único tema sin relación
directa con la emergencia de salud. Reclamó que se haga cumplir la
ley nacional de protección a los artistas independiente, que obliga
que el 30% de la música que se difunda por emisoras de radio AM y FM
deba ser de autores nacionales y, de ellos, la mitad deben ser
músicos independientes, que son los que no dependen de empresas o
sellos discográficos y hacen personalmente sus producciones.