Es con fines científicos de investigación y potencial tratamiento
para enfermos de coronavirus. También se aprobó la adhesión a
protocolo sobre ILE.
Los diputados de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires sancionaron este
jueves una ley que declara “de Interés Sanitario” a la donación de
plasma de pacientes recuperados de Covid-19 “para fines de
investigación y para ser usado como potencial agente terapéutico en
el tratamiento de esta enfermedad”.
La aprobación de la norma -consensuada entre todos los bloques de la
Legislatura porteña- implica que el Gobierno porteño deberá
desarrollar “acciones para promover y apoyar los ensayos clínicos
que tengan por objeto evaluar la seguridad y eficacia del uso del
plasma de pacientes recuperados, como así también otras
investigaciones clínicas sobre Covid-19, fortaleciendo las áreas de
promoción y gestión de la investigación en salud para la red pública
de la Ciudad”.
El Ministerio de Salud deberá arbitrar los medios para reglamentar
un régimen de acceso al plasma para los efectores de salud
(hospitales y equivalentes) pertenecientes al Gobierno de la CABA,
“a los fines de armonizar criterios de inclusión y exclusión,
modalidad de administración, dosis, control y distribución de las
unidades de plasma sanguíneo donados”.
La ley estipula que se “deberá llevar a cabo una campaña de difusión
por medios masivos y redes de comunicación para brindar información
adecuada a toda la población sobre la donación de plasma sanguíneo,
en relación a procedimientos, metodología, derechos y riesgos
posibles”.
A los efectos del cumplimiento de esta ley, se facultó al Poder
Ejecutivo a realizar las adecuaciones presupuestarias que
correspondan.
Tras la sanción de la norma por unanimidad de 57 diputados presentes
y una abstención, el presidente de la Legislatura, Diego Santilli,
expresó que “es importante concientizar y promover la donación de
plasma en todas aquellas personas que hayan contraído Covid 19 y la
importancia de este acto solidario para salvar miles de vidas”.
“Agradecemos a nuestro personal de Salud, médicos y enfermeros, y a
los donantes y pacientes recuperados, por ser parte de este proyecto
tan humano. Cada donación es importantísima”, enfatizó Santilli.
Por otro lado, se dejó sentado que “la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires adhiere al protocolo para la atención integral de las personas
con derecho a la interrupción legal del embarazo, actualización
contenida en la resolución 1/2019 del Ministerio de Salud nacional”,
así dice el artículo único de una ley aprobada por los diputados
locales.
El tema fue propuesto por la legisladora Patricia Vischi (UCR) para
tratar sobre tablas y alterando el orden del día, ambas cosas
aprobadas por dos tercios de los legisladores presentes. Tras lo
cual se inició un extenso debate con posturas diversas.
Vischi, que preside la comisión legislativa de Salud, argumentó que
su proyecto en consideración tenía “apoyo transversal de todas las
fuerzas políticas”, dijo tener el “respaldo institucional de mi
partido” y que se trata de “una política de Estado para beneficio de
la población”.
Guillermo González Heredia (VJ) fue uno de quienes planteó la
postura opositora y señaló que la Ciudad ya tiene su protocolo
sancionado en 2012, que se aplica en los efectores de salud que
dependen del Gobierno. Cuestionó que se impida a sanatorios privados
hacer objeciones de conciencia. Claudio Cingolani (VJ) también
consideró una error jurídico sancionar una ley para adherir a una
resolución ministerial que, entre otros detalles, establece que el
protocolo no puede ser judiciable, “atribuyéndose potestades que
solo tiene la Corte Suprema de Justicia”.
Laura Velasco (FdT) expuso a favor y sentenció que “es una causa de
derechos humanos, de salud pública y de justicia social”.
También participaron del debate Ofelia Fernández y Victoria
Montenegro (FdT), Manuela Thourte y Leandro Halperín (UCR-Ev); Lucía
Romano, Paola Michielotto, Natalia Fidel, Esteban Garrido, M. Luisa
González Estevarena, Sol Méndez, Victoria Roldán Méndez, Carolina
Estebarena, Ana Bou Pérez y Claudio Romero (VJ); Gabriel Solano y
Alejandrina Barry (FI), Hernán Arce (PS).
Sobre 60 diputados presentes, 50 votaron a favor de la adhesión al
protocolo de ILE, 7 de VJ lo hicieron por la negativa y hubo tres
abstenciones.
