El Presidente de la Federación de Inquilinos, Gervasio Muñoz, habló
de la importancia que tiene el tratamiento de la Ley que facilita la
vida de un gran porcentaje de porteños que alquilan su vivienda.
“Cada vez que hubo un avance vinculado al tratamiento de la Ley
Nacional de Alquileres escuchamos los mismos discursos. Discursos
que se repiten una y otra vez como un mantra: que todos los
propietarios venderán sus viviendas, que habrá una retracción total
en la oferta, que los precios aumentarán desmedidamente, que habrá
inseguridad jurídica y un desplome de la construcción. En todos los
casos, el remate es siempre el mismo ´cada vez que se regularon los
alquileres, fue peor para los inquilinos´”, comenzó relatando el
Presidente de la Federación de Inquilinos.
Quien a su vez, añadió “Pero en los últimos tres años jamás
escuchamos un argumento contundente por parte de los agoreros del
mercado inmobiliario que nos permita entender cómo y por qué
sucederían todas las catástrofes que pronostican”.
Habiendo pasado más de un año desde la entrada en vigencia de la Ley
para que la comisión la pague el dueño en la Ciudad de Buenos Aires
y comprobando que nada de los que presagiaban en ese momento
sucedió, queda caduca toda expectativa de escuchar argumentos
económicos, jurídicos o de la índole que sea para fundamentar el
rechazo a la Ley a escala nacional.
Cada vez tenemos más en claro que lo hacen desde sus intereses
personales. Desde su interés de mantener un mercado desregulado que
les permita hacer y deshacer a conveniencia, que les permita
minimizar gastos y maximizar beneficios sin la más mínima
intervención por parte del Estado.
“Para que quede claro, quienes sostienen esa posición, contraria a
los intereses de millones de inquilinos y contraria a millones de
propietarios de su única vivienda son los representantes de los
colegios públicos de corredores y martilleros de todo el país, de la
cámara inmobiliaria, de la cámara de propietarios, del colegio de
abogados y de otras cámaras empresarias y de la construcción. Todos
estos son los que sostienen una campaña que busca generar temor en
inquilinos y propietarios. Son los que ya analizan un golpe de
mercado, pero que se guardan esa carta para otro momento, son los
que están haciendo lobby para que la dirigencia política reduzca las
regulaciones que están planteadas”, denunció Gervasio.
Los puntos que están planteados en el proyecto en tratamiento
constituyen un piso de derechos a los cuales no están dispuestos a
renunciar desde la Federación. Los más importantes son:
• Duración mínima del contrato de tres años
• Actualización del precio bajo un índice de promedio entre
inflación (IPC) y salario (CVS)
• Registro obligatorio de contratos ante la AFIP (para blanquear el
mercado de alquileres)
• Un mes de depósito para los tres años de contrato y devolución de
ese depósito actualizado al valor del último mes del alquiler.
• Expensas extraordinarias e impuestos que gravan la propiedad a
cargo del propietario.
• Negociación de la renovación con 60 días de anticipación.
Gervasio Muñoz, presidente de la Federación de Inquilinos Nacional,
afirmó “La presión del mercado inmobiliario aparece cada vez que se
trata algún proyecto que les pone límites, que les marca lo
permitido y lo prohibido y así como aparece, desaparece tiempo
después de la aplicación efectiva de esa medida. Sucedió en la
Ciudad de Buenos Aires, está sucediendo en La Pampa y sucedió a lo
largo de toda la historia Argentina. Le pedimos al Congreso Nacional
que legisle en función de los intereses de las mayorías más
desprotegidas: hay 8 millones de inquilinos esperando y solo un
puñado de empresarios especulando” y agregó “El mercado inmobiliario
no nos va a decir que es mejor y que es peor para nosotros. Esa
situación cambió. Ahora somos los inquilinos los que nos organizamos
y planteamos cómo queremos vivir y cómo queremos alquilar”.