En medio de la iniciativa del oficialismo para escriturar las
tierras donde se asientan las villas, en teoría, para dársela a
quienes están viviendo allí. Un grupo de diputados nacionales
presentó en el Congreso los indicadores sociales.
Los movimientos sociales acompañaron al proyecto de Ley de
integración urbana y regularización de los barrios populares, luego
de un extenso relevamiento que llevó más de dos años y arrojó las
cifras necesarias para su elaboración
El objetivo es lograr dar un salto cualitativo en el ordenamiento
urbano; integrar a los barrios populares, villas y asentamientos;
otorgar servicios básicos como agua, luz y gas, debido a que muchos
hogares argentinos carecen de los mismos.
“¿Quién puede estar en contra de la apertura de que los pasillos
sean calles pavimentadas, para que nadie muera porque una ambulancia
no puede entrar al barrio? ¿Quién puede estar en contra de que los
barrios accedan al servicio regular de energía, evitando un
cortocircuito que pueda incendiar una casa por las conexiones de luz
precarias que hay en nuestros barrios? ¿Quién puede estar en contra
de que un vecino tenga la tenencia de la tierra donde construyó su
hogar? Queremos saldar una deuda de la democracia. Queremos poner en
agenda la precariedad en la que viven casi 4 millones de argentinas
y argentinos” afirmó Ignacio Rico, responsable del Relevamiento
Nacional de Barrios Populares
Actualmente el 93,81% de los habitantes de barrios populares no
cuenta con acceso de agua corriente; el 98,81% no cuenta con acceso
a cloacas; el 70,69% no cuenta con acceso a energía eléctrica; el
98,49% no cuenta con acceso a la red de Gas Natural.
“Urbanización es equidad, urbanización es integración, urbanización
es dignidad. Y los movimientos populares vamos a luchar para que
este proyecto logre el consenso necesario y podamos festejar que la
dignidad no es un privilegio de algunos sino un derecho de todos”
concluyó.
La Ley terminaría con los desalojos de los barrios populares y
declararía de utilidad pública los barrios donde viven más de un
millón de familias.