La Senadora nacional, Silvina García Larraburu, brindó
una entrevista en donde resaltó su preocupación por el
momento que atraviesan las políticas científico-tecnológicas del
país. Además, mostró su malestar por la cantidad de despidos
acontecidos en el último tiempo.
Como primer interrogante
pienso en lo sucedido en sesión cuando pese a su voto negativo
terminó aprobándose la normativa que favorece el pago a los fondos
buitres. ¿Por qué decidió no acompañarlo con el voto?
Mi oposición a la ley del pago a los Fondos Buitres tiene que ver,
en primer lugar, con que me debo a todos aquellos rionegrinos que
confiaron en mí para que defienda sus intereses en el marco de un
proyecto de soberanía e independencia, no de subordinación y
dependencia. Siento que traicionamos a los 136 países que aprobaron
la propuesta Argentina, y votaron la resolución de Naciones Unidas
apostando a la independencia de los Estados y el pago soberano de
las deudas. Además, considero que se trata de un acuerdo acelerado,
que nos pone de rodillas y repite recetas externas que no han
funcionado; ya conocemos el enlatado foráneo que se presenta como
una panacea pero viene con condicionamientos anexos. Decidí oponerme
a esta iniciativa porque creo que podríamos haber logrado una mejor
negociación, y porque a mi entender nos lleva a tropezar con las
mismas políticas erróneas que nos han subordinado durante tanto
tiempo.
Usted trabajó en la Gerencia del Área Espacial del INVAP, ¿Cree
que ARSAT, INVAP, ATUCHA, son ejemplos de un modelo que pretende
empequeñecer el Estado?
Soy trabajadora de Invap, estuve allí entre 2000 y 2003. Desde
entonces tengo licencia política. Hace pocos días el Gobierno puso
freno a la construcción del satélite Arsat-3, eso significa
suspender el 40% del empleo en INVAP, y achicar la posibilidad de
generar puestos de trabajo indirectos. Me preocupa que con acuerdos
como el que se acaba de aprobar, nos vengan a decir desde afuera qué
podemos desarrollar y qué no. Quienes promovieron una negociación
con el estabishment internacional en el nombre de la apertura al
mundo, están concluyendo la política científico-tecnológica que más
visibilidad nos ha dado en décadas. Creo que no se trata de falta de
fondos, como argumentan, sino de cuáles son las prioridades de este
gobierno. El vaciamiento de la ciencia y la tecnología demuestra un
absoluto desconocimiento de las capacidades que tenemos y evidencia
el interés de volver a importar recursos. La situación es alarmante,
porque además de destruir todos aquellos puestos de trabajo que
apostaron a crecer profesionalmente en nuestro territorio, se frena
una política que es fácil de detener pero muy difícil de volver a
impulsar.
¿En qué consiste el proyecto de modificación del Código Civil y
Comercial con respecto al cambio en la condición en los contratos de
alquiler?
El proyecto busca mejorar las condiciones de los contratos de
alquiler con destino habitacional y evitar abusos en las locaciones.
Se propone ampliar de dos a tres años el plazo mínimo de la
locación, para que las familias tengan mayor estabilidad y reducción
de gastos. Que el locador cumpla con la devolución del depósito en
concepto de garantía abonado al inicio de la relación contractual,
que las comisiones sean estrictamente determinadas por ley en cada
jurisdicción, y en caso de no estar reguladas no superen nunca el
valor de un mes de alquiler, y que las expensas extraordinarias en
ningún caso corran por cuenta del locatario. También se elimina el
plazo de seis meses para que el locatario pueda rescindir el
contrato sin causa al inicio del contrato, y se añade que las partes
están obligadas a acordar o no la renovación del contrato sesenta
días antes del vencimiento de la locación. Como mejora se plantea un
ajuste anual por inflación, a través de un índice elaborado por el
INDEC, que también tome como base la suba de salarios.
¿Cuál es la idea de declarar el Estado de Emergencia Ocupacional?
El proyecto prevé diversas medidas defensivas frente a la actual
política económica del Gobierno, que es generar desempleo de manera
directa con despidos en el Estado, e indirecta a través de la
recesión del sector privado.