Las dos principales problemáticas
estuvieron referidas a inquilinos (10,5%) y consumidores y usuarios
bancarios (8,05%).
Específicamente, las consultas de los inquilinos se quintuplicaron.
La mayoría de los reclamos recibidos fueron de vecinos
imposibilitados de tomar posesión de una vivienda alquilada como
consecuencia del aislamiento obligatorio y presionados para pagar el
alquiler a pesar de no poder hacer uso de la locación.
Además, se canalizaron consultas sobre recesión de contratos por
falta de capacidad de pago, acumulación de deuda o aumentos ilegales
a pesar del congelamiento.
Otras consultas estuvieron referidas a negativas para bancarizar los
pagos (o pedidos de comisión extra para efectivizarlos), la
retención indebida de reservas o señas de alquileres que por razones
de fuerza mayor no se pudieron concretar, el cobro de comisiones
inmobiliarias para renovar contratos que deberían prorrogarse por
180 días, o la exigencia para renovar contratos de locación,
desconociendo la obligación de prorrogar por 6 meses la relación de
alquiler.
Mención aparte merecen las denuncias por parte de inquilinos que han
sufrido amenazas de desalojo en hoteles familiares o en habitaciones
de viviendas familiares. En estos casos, se identificó que la demora
en el pago del alquiler o las exigencias de un pago mayor por parte
del propietario fueron excusas para intentar desconocer la
suspensión de los desalojos.
En cuanto a los consumidores y usuarios bancarios, se detectó que la
mayoría de las consultas estuvieron relacionadas al alcance del
Decreto 311/20, que establece la prohibición del corte de servicios
públicos por falta de pago por 180 días.
Asimismo, se agregaron consultas por la imposibilidad de realizar
pagos (dado que no todos los usuarios utilizan medios electrónicos
y/o no se encuentran bancarizados), por las dificultades para
acceder a fondos bancarios por no saber usar o por no poseer tarjeta
de débito (en su mayoría adultos mayores), por servicios que no se
están prestando pero se cobran igualmente (colegios privados,
gimnasios, etc.), por cancelaciones de vuelos o paquetes turísticos,
y reclamos por compras online en supermercados (entregas fuera de
plazo o con faltantes).
Otras aréas temáticas con numerosos consultas fueron: jubilaciones y
pensiones (5,36%), comunicaciones (4,82%), PAMI (4,10%), servicios
públicos (2,74%), turismo (1,99%), políticas de inclusión social
(1,94%), ANSES (1,92%), y salud - sector privado (1,22%).
Estos 10 grandes temas aglutinaron el 43% del total de las consultas
y reclamos recibidos, desde el 20 de marzo al 20 de abril.
Paralelamente, en el marco de la emergencia sanitaria, el Defensor
del Pueblo, Alejandro Amor, realiza a diario visitas a hospitales,
geriátricos e institutos de niñez y adolescencia de la Ciudad, donde
se reúne con las autoridades, dialoga con los trabajadores de cada
institución y hace un relevamiento de las medidas de bioseguridad y
los protocolos de actuación para la prevención de quienes se
encuentran en esos lugares o por allí transitan.
En la misma línea, las Defensoras Adjuntas Bárbara Bonelli y Paula
Streger encabezan la participación de este organismo en la campaña
de vacunación en villas que, junto al IVC y los CeSAC, se está
llevando a cabo desde hace más de una semana.